“En una semana dos hechos de esta misma naturaleza... tiene que tomar conciencia la Municipalidad de que las inspecciones tienen que ser más exhaustivas y se tiene que llevar un cronograma más preciso de los controles. No se puede autorizar una obra y dejar en manos de los privados a que construyan y empezar después a lamentar víctimas”.
Así de lapidario fue el fiscal Washington Navarro Dávila, quien está llevando el caso del derrumbe de la avenida Mate de Luna al 2.000. El fiscal está convencido de que los controles municipales son demasiado laxos, pero la Municipalidad sostiene que hace las tareas que mandan las ordenanzas. Además, los funcionarios insisten en las responsabilidades de los profesionales de la construcción.
Ayer, el intendente Germán Alfaro convocó a la Cámara de Empresarios de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) y les pidió que reforzaran los controles internos en las obras. “La obra tiene todos los planos, el proyecto, las inspecciones y todo en regla. La última inspección que se hizo fue el 11 de este mes, pero la obra... se derrumbó”, expresó Alfaro al finalizar el encuentro.
El jefe municipal dijo además que se reunirá con el rector de la UNT, José García, para ver si los académicos podrían realizar estudios de suelo en los sectores críticos de la ciudad. “También estamos viendo la posibilidad de que además del estudio de suelo que hace el constructor en su terreno, lo haga en los terrenos aledaños”, deslizó Alfaro. Hasta el momento son sólo propuestas y nada se sabe sobre su factibilidad.
El momento en el que el hijo del "Mono" Ale golpeó al arquitecto de la obra
Las normas municipales establecen que el propio constructor debe requerir la inspección de la Municipalidad. Eso es algo que la oposición a Alfaro pretende cambiar, a partir de un proyecto de ordenanza presentado ayer. “Tenemos que obligar a que tengan inspecciones permanentes, y que las empresas que cometen este tipo de cosas sean multadas”, dijo el peronista Juan Luis Pérez, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante de la capital.
Para la Municipalidad, hasta ahora, el derrumbe es más un caso entre privados que un asunto público: la constructora de Miguel Galindo deberá vérselas con los propietarios damnificados, la familia de Ángel Ale. El secretario de Gobierno, Walter Berarducci, sostuvo que a la empresa no le caben sanciones porque las ordenanzas no lo prevén.
Defensa Civil, en tanto, tampoco piensa tomar medidas ya que el problema no afectó la vía pública, según le dijo el subdirector, Eduardo Valdez, a LA GACETA. Y mientras en menos de una semana se derrumbaron dos obras en construcción, un grupo de clientes de la empresa de Miguel Grandi realizaba una protesta porque sus edificios no obtienen los finales de obra.
En una semana, el “boom” de la construcción en la ciudad se ha convertido en una bomba que explotó dentro de la Intendencia.